Carta para adhesión sobre Derecho Constitucional a la Alimentación dirigida a los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y a los representantes de grupos parlamentarios.
Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable
Estimados Compañeros y Compañeras, se circula la carta para adhesión sobre Derecho Constitucional a la Alimentación dirigida a los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y a los representantes de grupos parlamentarios.
Requerimos juntar el mayor número posible de firmas EN UNA SEMANA.
Esta carta puede ser enviada a las redes en las que participan para su adhesión (redes o asociaciones firmarán como tales, además de las firmas de sus participantes, o integrantes), a los miembros de nuestros gremios o a personalidades e intelectuales, a gente clave que a su vez contacte a muchos más, así lograremos juntar muchas firmas y amplificar el mensaje, pidiéndoles el apoyo.
El plazo para recabar firmas es el próximo lunes 5 de abril a las 20:00 horas, Favor de enviar las firmas al siguiente correo electrónico.
Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable
¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!
¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!
A las Diputadas y los Diputados Federales
A los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados
LXI Legislatura
A la opinión pública
Las organizaciones de la sociedad civil y las ciudadanas y ciudadanos abajo firmantes nos dirigimos a ustedes para urgir la aprobación inaplazable por el pleno de la Cámara de Diputados de la Minuta del Senado de la República mediante la cual se reforma el artículo 4º de nuestra Carta Magna para elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación.
Dicha Minuta, enviada por el Senado a la Cámara de Diputados desde el año de 2005, adiciona el siguiente párrafo al artículo 4º y un segundo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución, para quedar como sigue:
“Artículo 4º .- …
El Estado tiene la obligación de garantizar eficientemente el acceso de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental.
Artículo 27.- …
XX. …
Las políticas para el desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrán como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”
La demanda de la sociedad civil por elevar a rango constitucional uno de los derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a no padecer hambre y malnutrición, ha sido una larga e incansable lucha que, desde 1992 a la fecha, han llevado a cabo una amplia y plural gama de organizaciones campesinas, pro-derechos humanos, sindicales, urbanas, magisteriales, religiosas, de académicos e investigadores, de profesionistas de la nutrición así como de innumerables intelectuales, científicos, artistas y ciudadanos y ciudadanas de a pie.
Si nuestro país quiere transitar hacia un Estado democrático, cuyo desarrollo sea social y medioambientalmente sustentable, justo e incluyente que le permita, por ello, enfrentar eficientemente la crisis alimentaria por la que atraviesa, no puede seguir soslayando el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como los contraídos en la Cumbre Mundial de la Alimentación y la Cumbre del Milenio. Al respecto de estos últimos, nuestro país se comprometió a reducir a la mitad el hambre y la desnutrición de sus ciudadanos para el año 2015. La inaceptable realidad en México es que el hambre se está incrementando en 50% respecto al año base, mientras que en la mayor parte de América Latina y el Caribe (ALC), ésta se reduce al igual que la malnutrición, con los ejemplos notables de Brasil y Cuba.
Al respecto del artículo 11 del PIDESC, en el cual se establece la obligación de los Estados a reconocer el derecho a la alimentación, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha emitido la Observación General 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada en la que establece lo siguiente:
“El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todos.” (PIDESC; 1999; E/C.12/1999/5).
La falta de atención a una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano –elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación-, y con ello, el incumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ha propiciado que nuestro país se encuentre en un lamentable e inaceptable estado de hambre, malnutrición, inseguridad y vulnerabilidad alimentarias que afecta a la mayoría de la población, violando flagrantemente el Estado de Derecho y comprometiendo gravemente el futuro de nuestro país, la seguridad nacional y nuestra soberanía.
Hoy en pleno siglo XXI y en el año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, más del 20% de la población padece hambre y desnutrición y más del 50% de los mexicanos se encuentra en el nivel de pobreza. Por si fuera poco, el modelo agroalimentario y nutricional hegemónico ha impuesto a nuestro país una epidemia de obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006), padecen sobrepeso y obesidad el 72% de las mujeres y 67% de los hombres; 34% de los adolescentes y 26% de los niños y niñas de 5 a 11 años. Al mismo tiempo, crecen la dependencia alimentaria del país, el abandono del campo, la degradación de suelos y el agotamiento de acuíferos, el poder de los monopolios agroalimentarios, la carestía de los alimentos y, con ello, crecen la inseguridad y vulnerabilidad alimentarias de nuestro país expresadas en la crisis de la tortilla del 2008 y las consecuencias negativas que han conllevado las crisis mundiales de alimentos y la económica de 2008-2010. Todo esto se da a la par de la abdicación en la práctica de las obligaciones del Estado en lo tocante a los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas; consecuencia de la adopción a raja tabla y acrítica del modelo de libre mercado.
La alimentación es un derecho humano fundamental, no es una mercancía. Es una obligación del Estado garantizar su cumplimiento a partir de un mandato constitucional y una política de Estado de largo plazo, con la participación corresponsable de los poderes de la República, los tres niveles de gobierno y la sociedad. El mercado no puede ni podrá jamás garantizar el derecho a la alimentación. Menos lo podrá hacer el ya histórico asistencialismo clientelar de los programas gubernamentales o la filantropía privada.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), en 2009, por la recesión económica aumentaron en 9 millones de personas en condiciones de pobreza en ALC, de los cuales el 40% correspondió a México; es decir, tenemos 3.6 millones de pobres más.
Si hoy nuestro país vive una crisis alimentaria sin precedentes, la situación puede tornarse aún más dramática en virtud de las amenazas del entorno mundial, a saber: a) el cambio climático global y su impacto en la producción y disponibilidad de alimentos; b) agotamiento de los hidrocarburos y la volatilidad de los precios del petróleo; c) el uso creciente de alimentos y de tierras para la producción de biocombustibles; d) el agotamiento de la disponibilidad del agua para la agricultura y su disputa por usos alternativos; e) la inversión sin regulación de fondos especulativos en las bolsas de granos; f) la inestabilidad económica y financiera global, incluyendo una alta volatilidad en los tipos de cambio; g) el poder creciente de las megacorporaciones agroalimentarias en el comercio y las políticas agrícolas internacionales y nacionales; h) la creciente preeminencia de la agricultura empresarial y/o de gran escala –ya sea de exportación o de básicos-- en detrimento de las agriculturas de pequeña escala y/o familiar, y, con ello la agudización de la desigual distribución de recursos públicos, la polarización entre productores y regiones, el privilegio de la urbanización frente al “descuido” del sector rural; i) el uso geopolítico del poder alimentario; e, i) el deterioro de los hábitos alimentarios y la dieta tradicional por el impacto de la comercialización y de la publicidad de la industria procesadora de alimentos.
Sin alimentos no hay vida, no hay salud, no hay educación, no hay libertad, no hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de criar y formar a los hijos e hijas, no hay ciudadanía, no hay democracia, no hay futuro, no hay país. El derecho a la alimentación es integral e inherente a otros derechos.
Hoy es la oportunidad. No la dejemos ir. En medio de la desesperanza, abriguemos una esperanza y luchemos por ella todos y todas, sin excepción, en la pluralidad y en la corresponsabilidad.
Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable.
¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!
¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!
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